El año 2018 empezaba con una noticia que quizás a muchos les paso inadvertida, pero a otros no nos sorprendió. El prestigioso think tank británico The Economist Intelligence Unit (EIU) rebajaba de 8’30 a 8,08 la calificación de España, en un ranking sobre la posición democrática. Esta calificación dejaba a España muy cerca de la calificación de “Democracia imperfecta”.

Estas últimas semanas diversos medios de comunicación internacionales y algún que otro organismo internacional están corroborando esta calificación, poniendo en tela de juicio la situación de la democracia en nuestro país, y la propia transición del 78. Podemos estar de acuerdo que el proceso en Cataluña a tensionado al máximo les costuras políticas, jurídicas y sociales de España. Y habrá que darle la razón a aquellos que dicen que el proceso catalán ha sido una gran oportunidad para demostrar la calidad democrática de este país. Pero el resultado es bien conocido por todos. Unos representantes políticos en la cárcel o en el autoexilio, altos funcionarios cesados, ciudadanos denunciados, maestros perseguidos, por lo que algunos han llegado a calificar de golpe de Estado democrático. Y todo ello orquestado a través de un articulo de la Constitución, hasta el pasado año desconocido, el 155. No voy a entrar en valoraciones jurídicas, ni me siento preparado, ni me apetece. Pero si voy a hablar de costura, de alta costura política.

Aquellos que aún creen que el 155 ha servido de bálsamo para Cataluña, les diré que el 155 ha servido para dar la estocada final a una reconciliación civil que se auguraba difícil, analizando la evolución política de Cataluña desde el año 2012. Con el “cepillado” del Estatuto de Autonomía catalán. Con el 155 son muchos los que han desconectado de España, que no de los españoles. Han desconectado irreversiblemente de un modelo de país en el que la ley está por encima de la Democracia. Y todos sabemos que cuando la ley está por encima de la Democracia, el pueblo deja de creer en la Justicia y en el Estado como instrumento de cohesión.

Y como decía en este escenario, en el que se ha metido con calzador el debate político en las salas de nuestros Tribunales, debería aparece una formación política que quiera aglutinar las fuerzas de los que estamos hartos y agotados. Una fuerza que de voz a todos aquellos catalanes, vascos, canarios, castellanos, riojanos, navarros, valencianos, baleares, andaluces, extremeños, murcianos, leoneses, cántabros, asturianos, aragoneses, ceutís y melillenses que hemos desconectado de esta España. Hartos de que narcoticen nuestro sentido común, con la falsa excusa de defender una patria en peligro, aun perdiendo los derechos y libertades por los que muchos de nuestros ancestros lucharon.

¡Estamos hartos, sí!

Los que creemos y queremos construir un nuevo movimiento iberista y republicano, sabemos que para muchos no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ni retorno a un reino de España, donde su monarca abdicó de facto de 2 millones de súbditos en el 2017. Desde ese día hay 2 millones de republicanos que jamás volverán a ser españoles. Por lo menos de esa España monolítica.

Se hace necesario iniciar un proceso rupturista y constituyente en la península Ibérica. Un proceso ilusionante, donde los principios democráticos de la autodeterminación sirva para construir una unión fraternal de pueblos ibéricos, en forma de República.

En definitiva, un proceso donde republicanos españoles, seamos catalanes, vascos, andaluces, castellanos o de cualquier otro punto de nuestra geografía, construyamos un nuevo país.